El trabajo legislativo no puede hacerse de espaldas a la realidad. Junto a ustedes avanzamos hacia la construcción de normativas justas, de la mano de quienes sostienen la vida en el campo.
Hoy, en el seno de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, dimos un paso fundamental. Tuvimos el honor de recibir a mujeres valientes que, día a día, defienden la vida y la dignidad en nuestros territorios.
Escuchamos con profundo respeto y admiración los aportes de lideresas como Luz Aro Wanda, Lucía Rodríguez Aguinda, Verónica Garcés Ibarra y Jenny Moncayo Perea. Sus voces no solo representan demandas justas, sino que son el verdadero motor de nuestro trabajo legislativo.
Agradezco inmensamente que hayan sumado sus valiosas experiencias a la construcción del proyecto de Ley para el Reconocimiento y Empoderamiento de la Mujer Rural. Las leyes deben nacer desde las bases, respondiendo a las necesidades reales de quienes cuidan nuestra tierra y garantizan nuestra soberanía alimentaria.
Seguimos caminando junto a la gente. Nuestro compromiso es y seguirá siendo respaldar sus voces y traducir sus luchas en herramientas que nos permitan construir un país más justo, sostenible y resiliente.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
