En el marco del proceso de Consulta Popular, el presidente de la República firmó el Decreto Ejecutivo No. 153, que incorpora una pregunta para que la ciudadanía decida si se convoca o no a una Asamblea Constituyente. Este tema fue abordado por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión No. 040-AN-2025-2029, tras un cambio en el orden del día que permitió incluir el respaldo a dicho decreto.
Durante el debate, solicité la palabra para advertir sobre lo que está en juego. Mi intervención se centró en los avances alcanzados con la Constitución de 2008: el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el principio del buen vivir, las garantías laborales y el acceso al agua como derecho fundamental. Conquistas concretas que marcaron un antes y un después en el país.
Inicié señalando una contradicción evidente: muchas de las leyes aprobadas recientemente se han justificado en nombre de la seguridad, pero en la práctica los problemas persisten. Peor aún, varias de estas normativas han terminado beneficiando a grupos específicos, mientras las necesidades de las mayorías siguen siendo ignoradas. Frente a este escenario, abrir un proceso constituyente no solo resulta innecesario, sino riesgoso.
Recordé que la Constitución de 2008 convirtió a Ecuador en un referente internacional al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, un hito jurídico sin precedentes. También consolidó avances clave en materia laboral, como la prohibición de la tercerización, estableciendo estándares mínimos de dignidad para las y los trabajadores. He sido clara: un nuevo proceso constituyente podría abrir la puerta a la precarización laboral y al debilitamiento de garantías fundamentales que el país ya ha defendido en múltiples ocasiones. Ecuador no necesita menos derechos, necesita que los que existen se cumplan.
Defenderé siempre los derechos de las mayorías. Y en esa línea, defender la Constitución no es una postura ideológica, es una responsabilidad política.
Ana Belén Yela Duarte, asambleísta por la provincia del Guayas, representa a una nueva generación de líderes comprometidos con la construcción de un Ecuador más inclusivo, transparente y con justicia social. Su labor legislativa se sustenta en su sólida trayectoria jurídica de más de diez años en distintas áreas del Derecho, en especial el Ambiental, Constitucional, Civil y Societario.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con una Maestría en Derecho Ambiental por la Queen Mary University of London, donde se especializó en derecho ambiental internacional, recursos naturales y gobernanza energética.
A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diversas instituciones como la Asamblea Nacional, el CPCCS, la Fiscalía Provincial del Guayas, el Ministerio del Ambiente y la Superintendencia de Compañías. En todas ellas ha demostrado liderazgo, solvencia jurídica y un firme compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos, especialmente de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
En el libre ejercicio del Derecho ha patrocinado procesos constitucionales de impacto, sobre todo en favor de personas en vulnerabilidad; así como, ha acompañado a organizaciones como la de Trabajadores de Plataformas Digitales en la defensa de sus derechos laborales.
Su trayectoria se distingue por una ética profesional sólida, sensibilidad social y vocación de servicio, siendo su experiencia en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado la que consolidó su compromiso con la justicia social y con la protección de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cual hasta el día de hoy constituye el eje primordial de su labor legislativa.
