Las denuncias difundidas en el programa del comunicador Andrés “El Mono” López, relacionadas con un presunto entramado de nepotismo al interior del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), han generado preocupación sobre el manejo de la función pública y el respeto a los principios de transparencia y legalidad.
En este contexto, se ha solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión Económica y Social que remita, con carácter urgente, información detallada respecto a varios funcionarios presuntamente involucrados. Específicamente, se ha requerido el detalle completo de cargos ocupados, fechas de vinculación, documentos de contratación y la identificación de posibles conflictos de interés de los siguientes nombres: Harold Burbano, Lizeth Piedra, Miguel Vásquez, Andrea Alvear, Camila Hinojosa y Carolina Alvear.
El objetivo de esta solicitud es determinar si los procesos de contratación y designación dentro de la institución se han realizado conforme a la ley, particularmente en lo referente a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), cuyo artículo 3 establece principios fundamentales para el ingreso, permanencia y ejercicio de la función pública, incluyendo la prohibición de prácticas que atenten contra la meritocracia y la transparencia.
Asimismo, se ha exigido que se informe de manera clara qué acciones adoptó Harold Burbano al momento de conocer estas denuncias, y si durante su gestión como ministro se aplicaron las disposiciones contenidas en el Código de Ética de la Función Ejecutiva, instrumento que obliga a las autoridades a actuar con integridad, responsabilidad y apego irrestricto a la normativa vigente.
La función pública debe regirse por principios de igualdad, mérito y transparencia. Cualquier indicio de nepotismo no solo vulnera la confianza ciudadana, sino que debilita la institucionalidad y afecta directamente la calidad de los servicios que el Estado brinda a la población más vulnerable.
La rendición de cuentas y el acceso a la información son pilares fundamentales de la democracia. Por ello, se mantendrá un seguimiento riguroso a esta solicitud, con el firme compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que se respeten los principios que deben regir el servicio público en el Ecuador.
Asambleísta por Pichincha
