juicio político constituye un mecanismo esencial de control dentro del sistema democrático, orientado a garantizar que las autoridades públicas actúen con apego a la Constitución y en función del interés general.
En este marco, se ha presentado un proceso de fiscalización contra consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debido a serias preocupaciones sobre la legalidad y transparencia del concurso para la designación de autoridades de la Judicatura.
Entre los hechos observados, se encuentra la autorización de una Comisión Técnica que presentaría aparentes conflictos de interés, lo que habría comprometido la imparcialidad del proceso y generado condiciones que podrían haber favorecido a determinados postulantes, entre ellos Mario Godoy.
Asimismo, se ha identificado el archivo de impugnaciones que contenían pruebas relevantes, en contravención a disposiciones constitucionales y al propio reglamento que rige estos procesos. Estas decisiones no solo afectan la transparencia del concurso, sino que debilitan la confianza en los mecanismos institucionales encargados de garantizar la idoneidad de las autoridades judiciales.
Adicionalmente, se han ignorado alertas graves que, lejos de ser atendidas oportunamente, hoy forman parte de investigaciones en curso, lo que evidencia una posible omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Los consejeros involucrados tienen la obligación de comparecer y explicar sus actuaciones ante el país. La administración de justicia no puede estar sujeta a decisiones cuestionadas ni a procesos que generen dudas sobre su legitimidad.
El Ecuador necesita instituciones sólidas, transparentes y comprometidas con el Estado de derecho. Cuando existen indicios de irregularidades, corresponde activar los mecanismos constitucionales de control para garantizar que la verdad prevalezca y que las responsabilidades sean debidamente determinadas.
La fiscalización no es una opción: es un deber. Y en este caso, es indispensable para defender la independencia judicial y la confianza ciudadana en la justicia.
Asambleísta por Pichincha
