Esta tarde respaldamos el inicio del proceso de fiscalización a las pensiones vitalicias de ex presidentes y ex vicepresidentes que no concluyeron sus mandatos. Consideramos que este es un paso necesario para revisar con responsabilidad el uso de los recursos públicos y garantizar que respondan al interés general.
El país atraviesa momentos en los que cada decisión debe estar orientada a la justicia y la equidad. No es coherente que se mantengan beneficios que no guardan relación con el cumplimiento total de las funciones para las que fueron elegidas estas autoridades.
El dinero del pueblo debe administrarse con transparencia y criterio social. No puede utilizarse para sostener privilegios que resultan cuestionables, mientras miles de familias ecuatorianas enfrentan diariamente dificultades para salir adelante y buscan oportunidades dignas.
Nuestro compromiso es claro: promover una política basada en la responsabilidad, la coherencia y el respeto a la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la confianza en las instituciones y prioricen el bienestar colectivo.
Asambleísta por la provincia del Cañar
