Hoy respaldamos el inicio de un proceso de fiscalización integral a las entidades nacionales encargadas del tránsito, ante presuntas irregularidades que podrían estar vinculadas a Grupos de Delincuencia Organizada.
La investigación abarcará la presunta emisión ilegal de matrículas vehiculares, licencias de conducir y otras prácticas que afectan directamente la seguridad vial y la confianza ciudadana.
Esta fiscalización se realizará en el marco de nuestras competencias constitucionales, solicitando información y acciones a las instituciones responsables del control del tránsito, para garantizar procesos transparentes y libres de corrupción.
Mi voto fue a favor, porque el país necesita instituciones sólidas, transparentes y un control firme frente a cualquier acto que perjudique a la ciudadanía.
Asambleísta por la provincia del Cañar
