“La fiscalización no puede dirigirse a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; debe enfocarse en las carteras de Estado y en los ministerios del Gobierno Central, que son quienes definen la política pública y administran los recursos.” — Intervención de la asambleísta Mireya Pazmiño en la continuación de la #Sesión51 del Pleno.
A partir de esta premisa, la asambleísta Pazmiño planteó con claridad que el deber constitucional de la Asamblea Nacional es fiscalizar al Ejecutivo y a sus ministerios, pues son estas instancias las que ejercen la rectoría, planificación, regulación y financiamiento de políticas estratégicas como la gestión de residuos y el manejo del agua.
En su análisis, advirtió que trasladar el foco de la fiscalización hacia los GAD constituye un error político y técnico, ya que los gobiernos locales operan dentro de marcos normativos y presupuestarios definidos por el Gobierno Central, muchas veces sin el acompañamiento ni los recursos necesarios para cumplir sus competencias.
Pazmiño subrayó que existe una deuda del Gobierno Central con los GAD, expresada en transferencias atrasadas y recortes presupuestarios, recursos que deberían servir para infraestructura de saneamiento, tratamiento de residuos, acceso a agua potable, control ambiental y protección de la salud pública en los territorios.
Finalmente, sostuvo que una fiscalización responsable debe interpelar a quienes concentran el poder de decisión y los recursos, y no debilitar a los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía, reafirmando que el rol del Legislativo es exigir cuentas al Ejecutivo para garantizar derechos y un ambiente sano, conforme al mandato constitucional de la Asamblea Nacional del Ecuador.
La fiscalización es una atribución del Legislativo para proteger derechos y garantizar rendición de cuentas. La Asamblea debe ejercer control sobre el Gobierno Central y las autoridades de control, no desviar la fiscalización hacia los GAD, por fuera de sus competencias constitucionales.
Continuación de la Sesión 051 del Pleno de la Asamblea:
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
