Presidente, colegas legisladores, permítame desearle un Feliz Año al pueblo ecuatoriano, que no perdamos la esperanza, que nos mantengamos en la lucha, en la firmeza, que van a venir días mejores.
Compañeros, hablar de seguridad sin hablar de pobreza es mentirle al país. Hablar de violencia sin hablar de exclusión, de desigualdad y abandono social es construir relatos vacíos que solo sirven para justificar el uso desmedido de la fuerza.
La inseguridad que hoy vive el país no nació en los cuarteles, nació en la falta de oportunidades, en el debilitamiento sistemático de la educación pública: cerca de 400.000 niños abandonados y fuera de las aulas estudiantiles, en el hambre, en el abandono de los barrios populares, en la ausencia del Estado en territorios más pobres.
Quiero hablar de mi provincia de Bolívar:
En la provincia de Bolívar somos 200 mil ecuatorianos bolivarenses. De los 200 mil compañeros, 113 mil viven en la pobreza, de los cuales el 40% está en la parte de la ruralidad. Mi provincia Bolívar es de gente trabajadora y necesita mucha inversión estatal, inversión pública de la que no hay.
Hay todos los productos porque tenemos todos los pisos climáticos, pero aún se sacan a lomo de mula porque no existen carreteras. ¡Todo está destruido!
Y ahora hablemos de educación: Hay una Escuela del Milenio en Chillanes que se construyó en el al gobierno del presidente Rafael Correa que se quedó en 75% de avance de la obra. El 25% estante no han podido terminar de construir ni el gobierno del traidor de Moreno, ni el gobierno de Lasso y más aún, el gobierno del presidente Noboa.
El Paso Lateral se está construyendo desde hace 8 años y hasta el día de hoy no han avanzado en nada y han quitado todo el presupuesto.
La provincia está completamente abandonada y necesitamos inversión pública y oportunidades. Se ha destruido la economía popular y solidaria. En mi provincia de Bolívar se mandaban a hacer con la gente de economía popular y solidaria los uniformes para los niños de las escuelas públicas, pero quitaron eso. Los grandes contratos tienen los grandes empresarios.
El turismo comunitario desapareció con las leyes de Noboa y solamente tienen beneficios para las grandes empresas de turismo. En ese sentido, hay que combatir la pobreza en el país.
Este proyecto de ley pretende regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y que se amparen en el artículo 158 de la Constitución del 2008 que quisieron en una consulta popular bajárselo. ¿Por qué? Porque es claro, porque es tina Constitución que va en favor de la gente, en favor del pueblo, en favor y defendiendo sus derechos:
La actuación de las Fuerzas Armadas debe ser complementaria, subsidiaria, extraordinaria, temporal y subordinada, no permanente, no discrecional y mucho menos política.
Sin embargo en la práctica hemos visto todo lo contrario, hemos visto como sin sustento constitucional suficiente ni control efectivo, el Ejecutivo declaró un supuesto conflicto armado interno, intentando militarizar la militarización del país.
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Continuación de la sesión N° 58, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el Art. 158 de la Constitución.
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.