En las últimas semanas he recogido las preocupaciones de diversos Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la reforma al COOTAD, una propuesta que podría afectar seriamente la gestión territorial. Entre los principales riesgos identificados están la redefinición de la inversión que pondría en peligro la ejecución de obras al debilitar la planificación y el componente técnico, así como la posible afectación a programas sociales y a la autonomía financiera de los GAD.
Frente a este escenario, reafirmo mi compromiso de dar un debate responsable en el segundo debate legislativo, defendiendo un modelo de descentralización que respete la Constitución y garantice que los recursos lleguen de manera efectiva a la ciudadanía. No podemos permitir que, bajo criterios administrativos, se debiliten los servicios esenciales ni se limite la capacidad de respuesta de los territorios.
Asambleísta por la provincia del Cañar
