En el marco del proceso de elaboración del informe para conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la aprobación del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), entre Ecuador y la República de Corea del Sur, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió al ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, con el fin de conocer criterios técnicos sobre el impacto del acuerdo.
Previamente, la presidenta de la Comisión, Lucía Jaramillo, destacó que el sector agropecuario y pesquero es el principal protagonista del acuerdo, al ser el más directamente afectado en términos de producción, competitividad y acceso a mercados. Subrayó que este segmento constituye la base de la economía nacional, genera empleo significativo, sostiene comunidades rurales y lidera las exportaciones no petroleras del país, con productos reconocidos internacionalmente, como banano, camarón, cacao, café y flores.
Actualmente, Ecuador enfrenta desventajas competitivas en el mercado coreano frente a países como Colombia y Perú, que mantienen acuerdos vigentes desde hace más de una década. Productos ecuatorianos, como el camarón y el banano, enfrentan aranceles del 20 % y 30 %, respectivamente, lo que limita su competitividad. En este contexto, el SECA busca generar condiciones más equitativas de acceso.
El ministro Vega resaltó la complementariedad entre ambas economías: Ecuador, como exportador de alimentos, y Corea, como importador neto con alto poder adquisitivo. Señaló que el acuerdo no solo impulsará las exportaciones —beneficiando potencialmente al 80 % de la oferta exportable—, sino que también facilitará el acceso a tecnología avanzada, maquinaria agrícola y cooperación en investigación, sanidad y productividad.
Asimismo, indicó que existen protecciones para sectores sensibles, como arroz, maíz y proteína animal, mediante esquemas de desgravación progresiva. Añadió que factores como los altos costos logísticos limitan la entrada masiva de productos agrícolas coreanos, lo que representa una “protección natural” para la producción local.
Durante el debate, legisladores plantearon inquietudes sobre el impacto en productos sensibles, la compatibilidad con normativas andinas, la soberanía alimentaria y los mecanismos para garantizar que los beneficios lleguen a pequeños productores. También se consultó sobre la capacidad institucional para cumplir estándares sanitarios y fitosanitarios exigidos.
En respuesta, el ministro informó sobre un financiamiento de 30 millones de dólares, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a fortalecer entidades como Agrocalidad y el INIAP, con el objetivo de mejorar estándares sanitarios, investigación y competitividad. Además, destacó oportunidades en cadenas como cacao, banano, acuicultura y nuevos cultivos, con énfasis en pequeños productores.
Los asambleístas coincidieron en que el acuerdo representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados y fortalecer la presencia internacional del Ecuador, pero recalcaron que el reto principal será asegurar una implementación inclusiva, que beneficie a todos los actores del sector productivo, especialmente a los pequeños agricultores y comunidades rurales.
La Comisión continuará el análisis técnico y político del acuerdo, previo a la emisión del informe final para el Pleno.
RSA
