En el marco del segundo debate sobre la reforma parcial a la Constitución, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos afirmativos, la modificación de los artículos 110 y 115, orientada a eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas y la publicidad electoral.
La iniciativa plantea que los partidos y movimientos políticos se sostengan a través de los aportes de sus afiliados y simpatizantes, promoviendo así una participación más directa de la ciudadanía y un sistema político menos dependiente de recursos públicos. La reforma deberá ahora ser ratificada mediante referéndum.
Durante el debate, el asambleísta Andrés Castillo tuvo una intervención enfocada en la necesidad de transformar la forma en que se hace política en el país, haciendo énfasis en la responsabilidad de las organizaciones políticas frente a la ciudadanía.
En su intervención, recordó la magnitud de los recursos que han sido utilizados en campañas electorales en el pasado, particularmente por parte de la Revolución Ciudadana, y cuestionó el uso de fondos que, a su criterio, no han contribuido a fortalecer una política más cercana, transparente y responsable.
Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás prácticas como los denominados “partidos de alquiler” y a construir estructuras políticas con identidad, compromiso y sostenibilidad en el tiempo.
Para Castillo, esta reforma representa una oportunidad para replantear las bases del sistema político ecuatoriano, incentivando una participación más auténtica y un ejercicio de la política sustentado en la confianza ciudadana, el respaldo real y la responsabilidad institucional.
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Andrés Felipe Castillo Maldonado es actualmente asambleísta por la provincia de Pichincha, representante de la circunscripción 1, bajo la bandera del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral 2025 – 2027.
Andrés es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Estudios Políticos Aplicados por la Universidad Complutense de Madrid; y un Diplomado en Seguridad Pública por el Miami Dade College, Estados Unidos.
Además, ha desempeñado roles como asesor parlamentario, docente universitario y ahora legislador.
