La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, este jueves 9 de abril, continuó con el tratamiento y socialización del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que tiene por objetivo definir las garantías de acceso a una vivienda adecuada y digna.
Como parte del proceso previo a la elaboración del informe para primer debate, recibió los criterios técnicos de la arquitecta Verónica Landín. La experta en urbanismo destacó la importancia de incorporar normas que garanticen la transparencia en el manejo del suelo en el país, sin interferir en las atribuciones y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados.
Sugirió que se incluya en la norma la existencia de medios de verificación del uso del suelo en los territorios, como, por ejemplo, un visor geográfico que pueda ser compartido técnicamente para su viabilidad dentro del catastro municipal y en tiempo real, a fin de eliminar la excesiva burocracia en la concesión de permisos para la construcción de viviendas de interés social. Reiteró que es fundamental que exista una coordinación permanente con las demás instancias estatales relacionadas con la gestión del suelo.
En torno al Consejo Consultivo en esta materia, la experta planteó que se garantice la equidad de género, ya que es conocido que la mujer es la principal gestora del hogar en la vivienda social. En este sentido, el consejo debe estar integrado por líderes y lideresas barriales, así como por gremios (como el Colegio de Arquitectos) y la academia, organismo que debería sesionar con plazos obligatorios, de manera que sus recomendaciones influyan en el presupuesto anual.
Respecto de la vivienda digna y el entorno, la arquitecta Landín consideró necesario tomar en cuenta estándares técnicos internacionales, que recomiendan un espacio verde de al menos nueve metros cuadrados por cada habitante; en el caso ecuatoriano, lo máximo que se podría alcanzar, en las actuales circunstancias, sería cinco metros por habitante. Esta realidad podría cambiar con incentivos para la construcción en altura, que mejoran el uso del suelo y, con ello, la infraestructura, concluyó.
EG
