La asambleísta Cecilia Baltazar presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía de Derechos de la Naturaleza frente a Actividades Extractivas, cuyo objetivo es proteger los ecosistemas frágiles y amenazados del país, garantizar el derecho al agua y asegurar que las concesiones mineras cumplan con los estándares constitucionales y ambientales vigentes.
Baltazar señaló que la iniciativa busca proteger los derechos de la naturaleza frente a actividades extractivistas, con el fin de salvaguardar la vida de niñas, niños y de todos los habitantes del territorio nacional. Indicó que la propuesta establece principios de respeto a la naturaleza y derechos que deben observarse conforme a los estándares de la Corte Constitucional. En ese sentido, enfatizó que, al iniciarse procesos de concesión, se debe garantizar la consulta previa, libre e informada en temas de alta relevancia.
La propuesta surge ante la crisis ambiental vinculada al cambio climático, que ha provocado fenómenos como el aumento de la temperatura global, el retroceso de los glaciares, la pérdida de biodiversidad, las sequías recurrentes y la erosión de suelos, afectando la agricultura y la disponibilidad de agua potable.
Entre sus objetivos destacan la protección de los ecosistemas frágiles y amenazados; garantizar el derecho al agua de la población; realizar auditorías a las concesiones mineras existentes para evaluar el cumplimiento de la consulta previa y la consulta ambiental; así como, prevenir impactos ambientales y reparar vulneraciones causadas por concesiones mineras anteriores.
La iniciativa establece garantías como la responsabilidad ambiental del Estado, las empresas y las personas por los daños ocasionados a los ecosistemas frágiles; la participación ciudadana e interinstitucional mediante mesas de trabajo con pueblos y nacionalidades, universidades y organizaciones ambientales; la prohibición de nuevas concesiones mineras en ecosistemas frágiles y cuencas hídricas estratégicas; y la realización de auditorías públicas de las concesiones mineras existentes, con plazos de hasta dos años para su conclusión.
Este proyecto pone énfasis en la protección de los derechos de la naturaleza, así como en la garantía del acceso al agua y a otros recursos hídricos para las personas y comunidades. Además, busca prevenir los conflictos sociales derivados de las actividades extractivas en ecosistemas estratégicos, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible.
JC
