La Comisión de Seguridad Integral recibió aportes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de la Defensoría del Pueblo respecto al Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, unificado con el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para Proteger el Uso Legítimo de Uniformes e Insignias Institucionales.
Verónica Granda, directora de Asesoría Jurídica de la ANT, destacó que la normativa no solo debe sancionar a quienes comercialicen uniformes con fines ilícitos, sino también su fabricación sin autorización expresa del ente competente. Añadió que la confección de uniformes e insignias debería restringirse a proveedores calificados o a entidades públicas responsables de su distribución directa.
La mesa legislativa también recibió a Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, quien señaló que los aportes buscan fortalecer el texto normativo frente a una problemática real de seguridad.
Las observaciones se centraron en cinco ejes: técnica legislativa; aplicación del derecho penal como último recurso para la protección de bienes jurídicos; delimitación precisa del objeto de la norma; exclusión de materias que ya cuentan con regulación específica, como la seguridad privada; y la necesidad de mantener una clara diferenciación entre los ámbitos administrativo y penal.
El delegado de la Defensoría del Pueblo enfatizó que la norma debe definir con claridad cuáles son los uniformes cuyo uso indebido se pretende sancionar, así como las razones por las que su uso fraudulento reviste especial gravedad.
AM
