El director de Patrocinio Legal de la Vicepresidencia de la República, Pedro Alarcón, compareció ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para exponer los alcances del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes.
Alarcón aclaró que la propuesta no responde a un enfoque punitivo, sino a la necesidad de fortalecer la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente al crimen organizado.
Uno de los principales cambios planteados es la reforma al artículo 369.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Actualmente, esta norma sanciona el reclutamiento mediante los verbos “reclutar” y “enlistar”. Sin embargo, la propuesta incorpora nuevos verbos rectores como “usar” y “utilizar”, con el objetivo de abarcar formas reales de instrumentalización de menores que no están claramente tipificadas.
Explicó que los grupos delictivos no solo reclutan a menores para cometer delitos, sino también para actividades como vigilancia, alertas o apoyo logístico (“campaneros”), que no siempre están tipificadas penalmente. Esta limitación ha dificultado las investigaciones y explica por qué Ecuador no registra sentencias por este delito.
La reforma también elimina el requisito de demostrar que el reclutamiento tuvo como fin la comisión de un delito, lo que permitirá sancionar el acto de reclutar en sí mismo, evitando vacíos legales y reduciendo la impunidad.
En cuanto a las penas, el funcionario señaló que su ajuste responde a la gravedad del daño causado al proyecto de vida e integridad de los menores, y guarda coherencia con delitos como la trata de personas. Rechazó que se trate de “populismo penal”.
Otro aspecto relevante es que el proyecto reconoce escenarios en los que adolescentes también participan como reclutadores, estableciendo que estos casos serán tratados bajo el sistema de justicia especializada previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia, garantizando un enfoque de protección y no de criminalización.
Asimismo, la propuesta elimina limitaciones actuales que diferencian tipos de delitos, estableciendo que cualquier uso de menores por parte de estructuras delictivas debe ser sancionado, sin distinción del bien jurídico afectado.
Finalmente, Alarcón enfatizó que la iniciativa tiene un enfoque integral, que articula la acción del Estado, la comunidad educativa, las familias y la sociedad en general. Destacó la importancia de fomentar la denuncia -incluso con reserva de identidad- y de fortalecer la prevención, especialmente frente a nuevas formas de captación a través de entornos digitales.
“El objetivo no es solo sancionar, sino prevenir, proteger y cerrar los espacios de impunidad frente a un fenómeno creciente que afecta gravemente a la niñez en el país”, concluyó.
RSA
