La experta en política criminal, Michelle Maffei, y el delegado del Consejo de la Judicatura, Paulo Haro, realizaron aportes en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para Proteger el Uso Legítimo de Uniformes e Insignias Institucionales, los cuales fueron analizados por la Comisión de Seguridad Integral en el fortalecimiento de la propuesta normativa.
Maffei subrayó la necesidad de realizar reformas legales que generen resultados efectivos. En ese sentido, propuso que las sanciones para los delitos relacionados con el uso indebido de uniformes o insignias de seguridad sean más altas que las actualmente propuestas, debido a que estos elementos facilitan el accionar de grupos de delincuencia organizada.
En este contexto, recordó que el mayor peso de la ley debe aplicarse también a quienes, por cualquier vía, facilitan el acceso a estos uniformes e insignias, ya que obtienen mayor ventaja en el cometimiento de estas conductas penales. Asimismo, señaló que en algunos países de Europa, como Italia, se ha avanzado hacia la tipificación de estas conductas como delitos de conspiración contra el Estado.
Posteriormente, Haro informó que en el país se registraron 550 casos de simulación de funciones mediante el uso de uniformes e insignias desde 2014 hasta la actualidad, con mayor incidencia en las provincias de Guayas y Pichincha. De estos casos, solo 150 obtuvieron sentencia condenatoria; el resto se resolvió por otras vías, como la ratificación de inocencia de los procesados.
Con base en estos datos, propuso que la reforma incluya disposiciones que permitan a los fiscales contar con suficientes elementos probatorios para demostrar la existencia material del delito, a fin de evitar que este tipo de casos quede en la impunidad.
EG
