La Comisión de Seguridad Integral, este jueves 16 de abril, retomó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, previo a la elaboración del informe para segundo debate. Para ello, recibió observaciones de Roberto Veloz, experto en derecho constitucional, y de Santiago Pérez, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Veloz subrayó que la iniciativa debe tener un enfoque de defensa de derechos y apegarse al Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, planteó una pregunta clave: ¿cómo se salvaguardarán los derechos fundamentales de la ciudadanía? A partir de esta interrogante, señaló, será posible construir un modelo de seguridad basado en derechos.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que la norma esté acorde con tres estándares internacionales: excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad y proporcionalidad. También indicó que es indispensable considerar la ejecución de una política de seguridad sostenible, sin restar funciones a la institución policial.
Por su parte, Pérez aseguró que, ante la situación que atraviesa el país, se requiere una regulación en materia de apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Sin embargo, advirtió que esto exige un texto que responda a las normas constitucionales y legales vigentes.
Si bien la reforma busca contar con un marco jurídico que permita una lucha más eficiente contra la inseguridad, el punto crítico radica en cómo habilitar la participación de las Fuerzas Armadas sin depender de una declaratoria de estado de excepción. Es decir, se trata de establecer mecanismos jurídicos que delimiten su accionar sin afectar los derechos de las personas.
Pérez sugirió definir con claridad los conceptos de estado ordinario, estado de excepción y las condiciones que configuran un conflicto armado interno. De ahí la necesidad de delimitar estos escenarios, para que la participación militar sea realmente excepcional, temporal y proporcional, evitando que se convierta en una presencia permanente en las calles del país.
Incidentes en altamar
Asimismo, con el voto unánime de los nueve legisladores presentes, la comisión inició un proceso de fiscalización para conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos sobre presuntos incidentes en altamar, en los cuales podrían estar involucradas embarcaciones pesqueras y ciudadanos ecuatorianos.
El objetivo es evaluar la respuesta institucional en el marco de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.
EG
