La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este viernes 17 de abril, como parte del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), recibió al asambleísta Fernando Jaramillo, quien expuso los alcances de su propuesta para fortalecer las penas del delito de peculado. Esta iniciativa será unificada con otras 82 que se analizan en la mesa legislativa.
Jaramillo explicó que se busca incrementar la sanción por peculado con una pena privativa de libertad de entre 13 y 15 años, mientras que actualmente oscila entre 10 y 13 años. Justificó su propuesta en la necesidad de responder de manera eficaz a las demandas de la ciudadanía frente a la persistencia de esta conducta delictiva, que afecta directamente a la población, “porque los recursos del Presupuesto General del Estado provienen del bolsillo de las y los ecuatorianos a través de los impuestos”.
Añadió que la propuesta guarda coherencia con lo establecido en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y se sustenta en los principios de proporcionalidad, en virtud del impacto que esta conducta genera en el Estado y la sociedad.
Asimismo, explicó que, al igual que en países como Colombia, se requiere que el delito tenga una sanción más grave en función de quien lo comete; en este caso, el servidor público, quien tiene la obligación de precautelar el buen uso de los recursos públicos, más aún cuando se trata de dignatarios de elección popular que ganaron la confianza de sus votantes, pero, en lugar de servirles, permiten el uso indebido de los recursos.
“Esta reforma contribuirá a mejorar la transparencia en la gestión pública y a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas”, concluyó Jaramillo.
EG
