La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en la construcción de una normativa orientada a prevenir y erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, incorporando nuevos aportes de autoridades nacionales y organismos internacionales.
Durante la sesión de la mesa legislativa, la subsecretaria de Protección Especial del Ministerio de Desarrollo Humano, Lisette Robles, recomendó delimitar con precisión las competencias de esta cartera de Estado dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Advirtió sobre la necesidad de evitar la concentración de funciones en el ente rector, considerando que la prestación de servicios recae en diversas instituciones que integran el sistema de protección de derechos.
Asimismo, planteó definir con mayor claridad las atribuciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como los mecanismos de reporte al ente rector en casos de alertas relacionadas con reclutamiento, uso o utilización de menores de edad.
Francisco Albuja, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), sugirió que la normativa reconozca expresamente a niños, niñas y adolescentes como víctimas. Además, propuso incorporar en la ley un modelo de gestión para adolescentes infractores que contemple su doble condición de víctimas y responsables penales, mediante programas de reintegración basados en enfoques pedagógicos y de justicia restaurativa.
Albuja subrayó, además, la importancia de incluir el rol de los gobiernos locales en la implementación de la normativa, especialmente en acciones de prevención y protección. “En el reclutamiento no existe voluntariedad”, puntualizó.
Tras recoger los aportes y observaciones, la presidenta de la comisión, Diana Jácome, informó que desde esta tarde se instalará la primera mesa técnica para sistematizar los insumos y avanzar en la definición de los contenidos del proyecto de informe.
AM
