La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, dentro del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, recibió la comparecencia de John Romo, fiscal de Adolescentes Infractores de la Unidad de Justicia Juvenil de Pichincha.
Romo destacó el enfoque integral de la propuesta, señalando que “no se trata únicamente de una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sino de un proyecto amplio que incorpora prevención, educación y acciones estructurales para enfrentar esta problemática”. Subrayó que, tras más de dos décadas de trabajo con adolescentes infractores, considera que la iniciativa aborda factores de fondo relacionados con la familia, la desigualdad y la falta de orientación desde la niñez.
El fiscal resaltó como innovadora la regulación del acceso de niños, niñas y adolescentes a entornos digitales, planteada en el proyecto. A su criterio, establecer supervisión y control en el uso de plataformas digitales constituye una medida de prevención frente a riesgos como el acceso a contenidos inadecuados o la captación por redes delictivas. No obstante, sugirió incorporar sanciones para las plataformas que incumplan estas disposiciones, a fin de garantizar su aplicación efectiva.
Asimismo, recomendó fortalecer el alcance de la corresponsabilidad en el acompañamiento de menores en el uso de tecnologías, incluyendo no solo a las familias, sino también a instituciones educativas y otras personas jurídicas. “Debe quedar claramente establecido el deber de cuidado de todos los actores que intervienen en la formación de niños, niñas y adolescentes”, enfatizó.
En relación con las reformas al COIP, Romo respaldó el endurecimiento de sanciones para quienes recluten a menores con fines delictivos, calificándolo como un compromiso urgente del Estado frente al avance del crimen organizado. Alertó que esta problemática ya se evidencia con fuerza en el país, incluso en ciudades como Quito, donde adolescentes son vinculados a delitos graves como sicariato, secuestro y tráfico de drogas.
Enfatizó que el proyecto permitirá no solo sancionar a los adolescentes involucrados conforme a su edad y bajo medidas socioeducativas, sino también identificar y procesar a los reclutadores. “Es una herramienta necesaria y oportuna que refleja el compromiso del Estado ecuatoriano para proteger a la niñez y adolescencia”, concluyó.
Previo a concluir la sesión, el secretario de la mesa legislativa informó que ayer empezaron las mesas técnicas y continuarán receptando aportes de distintos actores, con el objetivo de fortalecer el contenido de la propuesta y garantizar una respuesta integral frente a este fenómeno.
MEV
