Comisión recibe aportes de AME y ARCSA al proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario

Miércoles, 22 de abril del 2026 - 20:08 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este miércoles 22 de abril, recibió los criterios de las delegadas de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), en torno al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario.

Johana Peralta, directora de Asesoría Jurídica de la AME, sugirió que se incluyan algunos ajustes a la iniciativa, a fin de determinar con claridad las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el ámbito de las actividades agropecuarias.

Asimismo, en cuanto a la Junta Consultiva Agropecuaria, planteó que se establezca que las resoluciones de este organismo no tendrán carácter vinculante y que, en ese sentido, la redacción del artículo subraye que dichas resoluciones podrán ser acogidas por los gobiernos municipales dentro de los planes de extensión rural.

La delegada de la AME propuso que en el texto de la norma se detalle a qué nivel de gobierno le corresponde participar en cada una de las etapas de la producción, en el marco del ejercicio de sus respectivas competencias.

Por su parte, María Mercedes Jara, delegada de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), destacó los esfuerzos de la mesa legislativa por unificar varias propuestas con el objetivo de promover y fortalecer el desarrollo agropecuario sostenible, mejorar la productividad y garantizar la soberanía alimentaria.

Recordó que la ARCSA tiene la responsabilidad de garantizar la inocuidad y calidad sanitaria en cada eslabón de la cadena productiva. En este sentido, indicó que se han remitido algunas observaciones, sobre todo en materia de calidad, trazabilidad y condiciones técnicas como requisito para la competitividad de los productos agropecuarios.

Igualmente, Jara propuso que las actividades de etapas posteriores, como la distribución y comercialización, cumplan con estándares y requisitos técnicos del ordenamiento jurídico vigente. Además, contar con cuatro principios adicionales: eficiencia productiva y agregación de valor; orientación a la inserción en mercados; calidad, transparencia y trazabilidad productiva; y gestión integral de riesgos.

EG

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