La directora de Medidas Socioeducativas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Paulina Garzón, expresó su respaldo al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria orientado a prevenir y erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
Durante su intervención en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Garzón defendió la reforma a once cuerpos legales, incluido el Código de la Niñez y Adolescencia. Señaló que el reclutamiento de menores de edad constituye una de las violaciones de derechos humanos más graves, complejas y persistentes en el país.
En este contexto, enfatizó la necesidad de que todas las instituciones que integran el sistema de protección social y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes articulen acciones con la entidad rectora en la atención de personas privadas de libertad y adolescentes infractores. El objetivo es coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de medidas socioeducativas, así como procesos efectivos de reintegración y seguimiento, conforme a sus competencias.
Según la funcionaria, estas reformas permitirán consolidar un sistema de justicia juvenil con enfoque restaurativo, promoviendo la corresponsabilidad institucional en la protección de derechos.
Además, se abordaron temas relacionados con la seguridad interna y externa de los adolescentes infractores, la cual estará a cargo de un cuerpo especializado.
Por su parte, Diego Molano, director del programa Comunidades Seguras de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, subrayó que la prevención del reclutamiento trasciende el ámbito de la política pública y constituye una decisión moral de Estado para proteger a la niñez.
Desde su experiencia en Colombia, afirmó que el debate en Ecuador reviste alta relevancia estratégica, al tratarse de una amenaza directa contra la niñez, la seguridad ciudadana y la legitimidad institucional.
En otro tema, la comisión legislativa aprobó la moción presentada por el legislador Isaac Solano para solicitar al contralor general del Estado y al superintendente de Protección de Datos Personales la información relacionada con las declaraciones patrimoniales juradas. AM
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