Reformas para agilizar las adopciones y para restituir el control previo de legalidad en contratos, en agenda del Pleno

Domingo, 03 de mayo del 2026 - 19:35 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En la semana del 4 al 10 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará, en primer debate, entre otros temas, el proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción; el Proyecto de Reformas para Restituir el Control Previo de Legalidad de Actos y Contratos; y el Proyecto unificado de Reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código del Trabajo, para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional.

Asimismo, las comisiones especializadas, grupos parlamentarios y demás instancias legislativas tienen programadas varias actividades relacionadas con el tratamiento de proyectos de ley, en el marco de la elaboración de los respectivos informes para primer o segundo debate, así como para la recepción de observaciones y propuestas de autoridades públicas, organizaciones sociales, gremios y ciudadanía en general. Estas acciones buscan tanto la socialización de iniciativas legales como el avance en los procesos de control político y fiscalización.

Pleno
El martes 5 de mayo, a las 11:00, se procederá al primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción. A criterio de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, se trata de una iniciativa legislativa que guarda armonía y coherencia con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente, por lo que es pertinente que el Pleno de la Asamblea conozca y debata su contenido. El proyecto busca dotar de celeridad a los procesos judiciales y administrativos relacionados con la adopción, garantizando el principio del interés superior del niño. Contiene 22 artículos, cinco disposiciones generales y una disposición transitoria.

Posteriormente, sobre la base del informe de la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, los legisladores tramitarán en primer debate el Proyecto de Reformas para Restituir el Control previo de Legalidad de Actos y Contratos. Al respecto, la mesa legislativa considera que aprobar esta reforma implicaría un retroceso y un desafío estructural para la Procuraduría General del Estado y que, además, convertiría a esta entidad en juez y parte, al ser la encargada de emitir un informe de control previo y otro de control posterior, lo cual podría acarrear inconsistencias en la propia institución. Por estas razones, recomienda al Pleno el archivo del proyecto.

Además, el Pleno conocerá, en primer debate, el proyecto unificado de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código del Trabajo, para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional. La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, en su informe, concluye que los once proyectos evaluados y unificados han perdido vigencia y no se ajustan a las condiciones actuales para su implementación. En este sentido, los comisionados sugieren el archivo de la propuesta.

Sesión 24
Para las 11:00 del martes 5 de mayo, está prevista la reinstalación de la sesión 24 del Pleno, en la cual consta el segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que cuenta con informe favorable de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad. La propuesta se desarrolla en un total de 58 artículos, una disposición general y tres disposiciones transitorias.

Comisiones
Transparencia: El lunes 4 de mayo, a las 10:30, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobará el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.
Desarrollo Económico: En la presente semana, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa iniciará las comparecencias y el requerimiento de información sobre la presunta red de corrupción al interior de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), que habría perjudicado al Estado por más de 300 millones de dólares.

EG

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