El asambleísta Luis Molina, representante de la provincia de Pichincha, presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para garantizar la probidad notoria en la designación del Fiscal General del Estado y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En este contexto, la reforma responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de probidad en el acceso al cargo.
La propuesta plantea reformar el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial para incorporar un nuevo numeral dentro de los requisitos para ejercer la máxima autoridad de la Fiscalía. Este establecería que el aspirante no haya ejercido el patrocinio judicial, como defensor técnico particular, de personas vinculadas a estructuras criminales, desde la fase de investigación previa hasta su llamamiento a juicio o condena por delitos como crimen organizado, terrorismo, genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, entre otros.
La iniciativa busca asegurar la independencia, imparcialidad y probidad en el desempeño de esta autoridad, a quien le corresponde dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública. Molina considera que haber participado en la defensa técnica de personas relacionadas con estructuras delictivas, en casos de crimen organizado, corrupción y delitos contra la eficiencia de la administración pública, podría generar conflictos de interés que comprometan la independencia e imparcialidad de la máxima autoridad de la Fiscalía.
Asimismo, señala que la probidad notoria, conforme ha sido desarrollada por la Corte Constitucional, no se limita a la ausencia de antecedentes penales, sino que implica una trayectoria profesional intachable, libre de actuaciones que generen dudas sobre la independencia judicial y la imparcialidad.
EG
