El Pleno de la Asamblea, este martes 5 de mayo, tramitó el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, que tiene como objetivo garantizar la tutela efectiva y oportuna de los derechos de niñas, niños y adolescentes, removiendo barreras estructurales y procesales que perpetúan su institucionalización y, a la vez, limitan el ejercicio pleno de su derecho a vivir en familia, de manera que el interés superior del niño prevalezca sobre cualquier otro criterio.
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en su informe, destaca que se trata de una iniciativa legislativa que guarda armonía y coherencia con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente, por lo que es pertinente que el Pleno conozca y debata su contenido.
Diana Jácome, presidenta del organismo legislativo, en su condición de ponente del texto, subrayó que las leyes no solo se construyen desde el escritorio, sino también desde el territorio, para conocer la realidad que viven niñas, niños y adolescentes en las casas de acogida. “Tenemos un gran compromiso con el país; la comisión trabajó con absoluta responsabilidad para analizar este proyecto y, luego del procedimiento parlamentario, traerlo a debate en el Pleno”, dijo.
Añadió que la mesa realizó un trabajo técnico-jurídico, para recoger criterios de diversos sectores, profesionales especializados y expertos, con el fin de reducir los plazos en procesos judiciales y administrativos de adopción. “No estamos hablando de un objeto, sino de niñas y niños que tienen derecho a una familia”. Además, se establecen sanciones en caso de incumplimiento, de manera que prime el interés superior del niño. Enfatizó que se garantiza el derecho a la educación superior de los adolescentes que, al cumplir 18 años, no han sido adoptados y deben dejar las casas de acogida.
El proyecto busca dotar de mayor celeridad a los procesos judiciales y administrativos relacionados con la adopción; además, impulsa reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de incorporar procedimientos precisos, plazos razonables y garantías procesales adecuadas.
La normativa reduce los tiempos mediante el establecimiento de plazos perentorios y claros, tanto en la fase judicial como en la instancia administrativa, en consonancia con estándares internacionales de protección de la niñez. A la vez, fortalece la articulación entre ambas instancias, a fin de evitar duplicidades que actualmente generan dilaciones innecesarias y afectan el principio de seguridad jurídica.
Durante el debate se expusieron criterios respecto a que la demora en las adopciones radica en las trabas institucionales y administrativas. También se puso énfasis en los efectos que genera en niñas, niños y adolescentes permanecer por largos períodos en casas de acogida, cuando su derecho es vivir en una familia.
El proyecto, que regresó a la mesa legislativa para la sistematización de las observaciones formuladas en el Pleno, contiene 22 artículos, cinco disposiciones generales y una disposición transitoria.
EG
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