Con 138 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Restituir el Control Previo de Legalidad de Actos y Contratos, acogiendo la recomendación emitida por la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
La decisión se sustentó en el informe expuesto por la legisladora Nathaly Farinango, quien señaló que la iniciativa, planteada en 2019, responde a un contexto jurídico e institucional distinto al vigente.
En su intervención, destacó que desde entonces se han implementado diversas reformas, entre ellas, modificaciones a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Asimismo, recordó que, en diciembre de 2025, la Procuraduría General del Estado presentó un proyecto de ley que desarrolla la figura del control de legalidad dentro de su ámbito institucional.
Farinango advirtió, además, que la propuesta presenta un problema de constitucionalidad, ya que su aprobación implicaría un incremento del gasto público, materia cuya iniciativa corresponde de forma exclusiva al Presidente de la República.
El proyecto planteaba incorporar en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado la atribución de emitir informes previos de legalidad sobre actos vinculados a procesos de contratación que deriven en contratos administrativos.
Según el informe, la iniciativa suponía un retroceso institucional y un desafío estructural para la Procuraduría, al establecer un esquema que podría convertirla en juez y parte, al asignar a distintas dependencias funciones de control previo y posterior, con el riesgo de generar inconsistencias.
Entre otros efectos, se advirtieron posibles retrasos en los procesos de contratación, afectaciones a la gestión de las entidades contratantes y una eventual extralimitación de competencias.
AM
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