En el tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública -unificado con la reforma a varios cuerpos legales para proteger el uso legítimo de uniformes e insignias institucionales-, la Comisión de Seguridad recibió observaciones de delegados de la Corte Nacional de Justicia, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y del juez de Garantías Penales, Víctor Merchán.
El representante de la Corte Nacional de Justicia, Marco Boris Aguirre, señaló que el proyecto debe alinearse con los principios de mínima intervención, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Observó que la redacción actual podría derivar en sanciones excesivas si no se incorpora un elemento subjetivo que delimite claramente la conducta a fines delictivos.
Por su parte, el juez Merchán respaldó el enfoque de la seguridad pública como bien jurídico protegido, pero subrayó la importancia de adoptar una visión integral que trascienda el ámbito penal e incluya la regulación de todo el sistema de seguridad, considerando tanto a actores públicos como privados.
En el ámbito técnico-tributario, el director nacional de recaudación y asistencia al ciudadano del SRI, Mauricio Coronado, propuso fortalecer el control de estas actividades mediante herramientas como el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la facturación electrónica. Explicó que actualmente no existe una clasificación específica que identifique a los contribuyentes dedicados a la fabricación o comercialización de uniformes para fuerzas de seguridad, lo que dificulta su seguimiento.
En este sentido, planteó la creación de una categoría específica dentro del clasificador de actividades económicas, desarrollada por el organismo rector competente, con el fin de garantizar su estandarización a nivel nacional y evitar duplicidades institucionales. Asimismo, sugirió incorporar en la normativa la participación de un ente rector que autorice estas actividades, permitiendo vincular dicha autorización con el registro tributario para un control más efectivo.
Los comparecientes coincidieron en la necesidad de fortalecer técnica y operativamente la propuesta normativa, con énfasis en la protección de la seguridad pública y el perfeccionamiento de los mecanismos de control estatal. Consideran que el proyecto de ley representa una oportunidad para articular herramientas jurídicas y administrativas, combinando el enfoque penal con mecanismos de control institucional
JC
