La Asamblea Nacional conoció, en primer debate, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad jurídica, evitar el uso indebido de las acciones constitucionales y optimizar el sistema de justicia constitucional en el país.
La sesión se desarrolló sobre la base del informe presentado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. La legisladora ponente, Diana Jácome, señaló que la propuesta fue construida tras un riguroso análisis técnico y jurídico, que incluyó aportes de expertos en derecho constitucional, profesionales del sector judicial y funcionarios vinculados a la materia.
Explicó que la reforma busca garantizar que las garantías jurisdiccionales cumplan el propósito para el cual fueron creadas: la protección efectiva y oportuna de los derechos constitucionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en armonía con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
Entre los principales cambios planteados constan la delimitación de competencias de los jueces para conocer acciones constitucionales, evitando que estas se presenten indiscriminadamente en cualquier jurisdicción; la regulación de la modulación de sentencias bajo parámetros específicos; la suspensión de la ejecución de fallos en determinados casos; y la actualización de requisitos para la admisión de la acción extraordinaria de protección.
La propuesta también establece que las consultas de norma deberán resolverse en un plazo improrrogable de 45 días, con el objetivo de fortalecer el principio de celeridad y brindar mayor certeza jurídica.
Durante el debate, los legisladores presentaron observaciones y recomendaciones relacionadas con las competencias de los jueces constitucionales, la necesidad de sancionar el abuso del derecho por parte de abogados litigantes, la legitimación activa en las acciones de protección y la incorporación de la figura del allanamiento, previo dictamen favorable de la Procuraduría General del Estado.
Entre 2018 y 2022, las acciones de protección se incrementaron en 211 % en Ecuador, pasando de 7.927 a 21.603 casos.
La iniciativa legislativa pretende fortalecer la efectividad, eficiencia y coherencia de la justicia constitucional, preservar la supremacía de la Constitución y prevenir decisiones que puedan generar graves afectaciones al interés público y a los recursos estatales.
El proyecto retornará a la Comisión de Transparencia para la elaboración del informe para segundo debate.
AM
