La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continúa con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, por lo que recibió en comisión general los aportes y observaciones de John Vargas y Jenny Fernández padres por adopción, quienes expusieron la realidad que enfrentan miles de niños y adolescentes que permanecen en casas de acogida a la espera de una familia.
Fernández enfatizó que su intervención no busca hablar desde la perspectiva de los solicitantes de adopción, sino desde la realidad de los niños y adolescentes que permanecen en casas de acogida esperando una familia. Como madre adoptiva, relató el impacto emocional que deja la institucionalización y señaló que muchos menores de edad enfrentan experiencias traumáticas antes de llegar a un hogar. “Los adultos podemos esperar, pero los niños no pueden esperar”, afirmó.
En este sentido, pidió que el análisis de la normativa se realice desde un enfoque humano, recordando que detrás de cada expediente existen niños con nombres, historias y sueños, que esperan cada noche la oportunidad de tener una familia que los ame y proteja. Además, alertó que cerca del 71 % permanece más de cuatro años esperando una declaratoria de adoptabilidad, período en el que enfrentan múltiples experiencias traumáticas.
Asimismo, indicó que actualmente existen más de 2.300 niños y adolescentes en acogimiento y apenas alrededor de 255 cuentan con declaratoria de adoptabilidad. En ese contexto, respaldó la propuesta de que el juez impulse y concluya el proceso de adopción para evitar retrasos innecesarios y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, Vargas destacó el impacto que generan los largos procesos judiciales y administrativos en el desarrollo emocional y psicológico de los niños que permanecen en casas de acogida. Explicó que, según estudios, por cada año de institucionalización un menor de edad puede registrar un retraso de aproximadamente cuatro meses en su desarrollo integral, afectando su seguridad emocional, autoestima e identidad.
Relató que sus hijas atravesaron más de seis años entre investigaciones y trámites antes de integrarse a una familia, enfrentando constantes intervenciones judiciales y administrativas que marcaron profundamente su infancia. Asimismo, alertó que las demoras reducen las posibilidades de adopción, especialmente cuando los niños superan los 10 años, ya que la mayoría de familias opta por niños de corta edad.
En esa línea, hizo un llamado a priorizar la eficiencia y celeridad de la justicia, señalando que el objetivo principal debe ser garantizar que los niños lleguen oportunamente a un entorno familiar capaz de acompañar sus procesos de desarrollo y sanación emocional.
MEV
