La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este lunes 11 de mayo, retomó el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Para el efecto, se recibieron los aportes técnicos y jurisprudenciales de la Corte Constitucional (CC), a través de Alejandra Vargas, especialista de Apoyo Jurisdiccional de la Secretaría Técnica de la Corte; y de Norberto de la Mata Barranco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (España).
Vargas explicó que el organismo, en algunos dictámenes y resoluciones, ha señalado en qué consiste la extradición como un mecanismo de cooperación entre los Estados. Subrayó que esta figura no puede aplicarse de manera arbitraria, sino en el marco del respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Añadió que la Corte ya reconoció que la prisión preventiva con fines de extradición es una medida idónea; sin embargo, podría constituir una vulneración si excede un periodo mínimo. Por ello, recomendó que las medidas cautelares se ejecuten con total apego a las normas constitucionales y legales, procurando que el proceso de extradición se realice de manera ágil para evitar la afectación de derechos.
De igual manera, apuntó que la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en materia de extradición, refugio y asilo es importante para la redacción de esta normativa, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a procesos de extradición.
Mientras tanto, Mata formuló varias observaciones de carácter técnico. Subrayó que la propuesta responde a los parámetros de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y constituye una legislación moderna para dotar de certezas al procedimiento relacionado con la extradición.
Sin embargo, consideró que no está claro el sentido del artículo que se refiere a la gravedad de la pena como requisito para dar paso a la extradición. Asimismo, respecto a la extradición de connacionales requeridos por otros Estados, observó por qué esas personas no podrían ser juzgadas en el propio país, sobre la base del principio de identidad.
Igualmente, el especialista propuso revisar la prohibición de extraditar ciudadanos a otros países cuando estén expuestos a sanciones graves, como la pena de muerte o la prisión perpetua, sea revisable o no, en defensa de los derechos humanos establecidos en tratados y convenios internacionales.
EG
Más fotografías:
