La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, recibió las observaciones de la experta en Derecho de Familia, Carmen Maldonado, quien expuso las principales problemáticas estructurales que enfrenta el sistema de adopciones en el Ecuador.
Durante su intervención, advirtió que en el país no existe una cifra pública única y actualizada sobre el número de niños, niñas y adolescentes que permanecen en casas de acogida sin ser adoptados. No obstante, con base en información recopilada de distintas fuentes, señaló que entre 2.200 y 2.500 menores de edad viven actualmente en sistemas de protección institucional, mientras que apenas 224 cuentan con declaratoria de adoptabilidad.
Explicó que este reducido número evidencia uno de los principales “cuellos de botella” del sistema: los extensos procesos judiciales y administrativos para declarar a un niño legalmente apto para adopción. Indicó que estos procedimientos, pese a ser sumarios conforme al Código Orgánico General de Procesos, pueden tardar años debido a la carga procesal y a la falta de priorización judicial.
Maldonado enfatizó que el sistema de adopción debe centrarse en garantizar el interés superior del niño y no en satisfacer las expectativas de las familias solicitantes. “El derecho humano que debe protegerse es el de crecer dentro de una familia”, señaló, al insistir en que todas las instituciones involucradas deben actuar priorizando el bienestar integral de los menores.
Asimismo, alertó sobre las consecuencias de las demoras en la regularización de la situación jurídica de los niños institucionalizados. Explicó que muchos menores llegan a la adolescencia sin haber concluido los procesos de adoptabilidad, reduciendo considerablemente sus posibilidades de integración familiar, especialmente en casos de adopciones internacionales o de niños con discapacidad.
La especialista también planteó la necesidad de fortalecer el trabajo técnico y legal de las casas de acogida, a través de equipos especializados que colaboren en la regularización de la situación jurídica de los menores y reduzcan la sobrecarga existente en la Defensoría Pública.
En ese contexto, sostuvo que es indispensable revisar el tratamiento de la pérdida de patria potestad, así como mejorar el funcionamiento de los Comités de Asignación Familiar, encargados de evaluar la documentación y asignar familias a los niños declarados aptos para adopción.
Finalmente, destacó la importancia de garantizar audiencias reservadas para niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos de adopción, incorporando estándares de derecho internacional y criterios de protección integral que permitan asegurar decisiones judiciales más ágiles y centradas en los derechos de la niñez.
MEV
