La Comisión de Desarrollo Económico continuó con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la comparecencia de representantes del sector transportista, municipal y expertos en competencias y derecho constitucional, quienes expusieron sus observaciones y propuestas frente a la normativa.
Napoleón Cabrera, representante de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto, expresó sus inquietudes respecto a la reforma y observó falencias en la descentralización de competencias hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Cuestionó el manejo de radares y centros de revisión técnica vehicular con fines recaudatorios.
Oswaldo Guamán, representante de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, manifestó reparos a las competencias de tránsito por parte de los municipios y señaló irregularidades en los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular. Solicitó reformar la ley para devolver al Estado el control sobre matriculación, licencias y revisión vehicular.
Mientras tanto, Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, defendió el proceso de descentralización de competencias y aseguró que los municipios son aliados del sector transportista. Reconoció que existen falencias en la gestión del tránsito y transporte, por lo que ratificó el compromiso de fortalecer los controles y la seguridad informática. Además, pidió construir reformas consensuadas entre municipios, transportistas y legisladores que beneficien a todo el país.
Por su parte, Myriam Zarzosa, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, señaló que la descentralización del tránsito y transporte se realizó conforme a la Constitución de 2008 y el COOTAD, otorgando estas competencias a los municipios. Aseguró que existen mecanismos de intervención temporal ante deficiencias en el servicio, sin afectar la autonomía de los GAD, y afirmó que las reformas a la ley deben fortalecer el marco normativo y responder a las realidades territoriales y operativas del país.
Finalmente, Fernando Rojas, experto en Derecho Constitucional, explicó que la organización del Estado ecuatoriano se basa en una descentralización planificada, en la que el Gobierno Central ejerce la rectoría del tránsito y los GAD, competencias específicas. Afirmó que la reforma a la Ley de Transporte no busca eliminar competencias municipales, sino corregir problemas detectados en la aplicación de la normativa y garantizar una mejor coordinación institucional en beneficio de la ciudadanía.
MEV
