La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad integral, en el tratamiento del proyecto de reformas a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado “Ley Antimafias”, recibió criterios jurídicos y técnicos de la Fiscalía General del Estado, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
En primera instancia, Dayana Encalada y María Augusta Pérez, en representación de la Fiscalía, formularon algunas observaciones al proyecto, sobre la base del cumplimiento de principios doctrinarios. En este sentido, comentaron que el aumento de penas previsto en el proyecto no necesariamente sería un mecanismo que permita reducir la criminalidad, pues más bien la norma debería estar dirigida hacia la adopción de políticas públicas de prevención.
Asimismo, sostuvieron que no existe una adecuada proporcionalidad en el establecimiento de las penas agravadas y podrían generar un desbalance en la aplicación del derecho penal, más aún cuando por doctrina el ejercicio de la potestad punitiva del Estado es de última ratio. También sugirieron revisar la motivación para la solicitud de prisión preventiva, sin menoscabar los derechos de las personas procesadas.
Mientras, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través de Freddy Monge, propuso que se determinen con claridad normas que permitan establecer las circunstancias de la extinción de dominio, en el caso de entidades vinculadas con la economía popular y solidaria, porque esta debe ser una medida eficaz para desarmar las estructuras criminales pero sin afectar los intereses de los ahorristas, como en el caso de las cooperativas y demás instituciones del sistema financiero popular y solidario.
Propuso que el texto legal procure una adecuada coordinación interinstitucional entre la SEPS, la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), la Fiscalía y los operadores judiciales para ejercer un control preventivo, a fin de evitar que las cooperativas sean utilizadas en acciones de lavado de activos provenientes del crimen organizado.
Finalmente, las representantes del IAEN, las docentes Natalia Mora y Lorena Piedra, coincidieron en la importancia de analizar si es conveniente o no incrementar las penas para los delitos que estarían relacionados con las mafias, en sus distintas modalidades, a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad.
Igualmente, plantearon que se determinen mecanismos eficaces para rastrear la ruta del dinero proveniente de actividades relacionadas con el crimen organizado, que generalmente trascienden las fronteras del país, para lo cual será necesario contar con la debida cooperación internacional. También enfatizaron en la urgencia de complementar la normativa penal con suficientes medidas administrativas, tanto en el ámbito de la prevención, cuanto en la capacidad de control de las diversas entidades estatales.
EG
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