La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, para lo cual recibió los criterios jurídicos de Verónica Jaramillo, especialista en Derecho Administrativo y régimen de los servidores públicos.
Durante su intervención, Jaramillo destacó que la propuesta legislativa constituye una iniciativa acertada y técnicamente estructurada; sin embargo, planteó varias observaciones orientadas a fortalecer su motivación jurídica y garantizar una aplicación uniforme del derecho a la licencia por calamidad doméstica.
Entre sus principales recomendaciones, señaló la necesidad de reforzar la exposición de motivos mediante una fundamentación jurídica más sólida, incorporando el análisis de normas vigentes como el artículo 27, letra i), de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y el artículo 97, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Asimismo, enfatizó la importancia de garantizar los principios de igualdad formal y material previstos en la Constitución, considerando que las disposiciones legales regulan una institución jurídica: la calamidad doméstica. En ese sentido, sostuvo que no deben existir diferencias en el tratamiento de este derecho para los distintos servidores públicos.
La experta también sugirió definir con mayor precisión el concepto de calamidad doméstica, incorporando tanto situaciones relacionadas con el fallecimiento o enfermedad grave de familiares cercanos como eventos imprevistos que ocasionen daños patrimoniales graves a los servidores públicos. Consideró necesario establecer plazos específicos para evitar interpretaciones discrecionales por parte de las unidades de talento humano.
En este contexto, propuso que la licencia por fallecimiento de padres, madres, cónyuges o convivientes legalmente reconocidos, así como por enfermedad grave de estos familiares, sea de ocho días, sin que quede sujeta a interpretaciones variables. Para los casos de daños patrimoniales graves, planteó una licencia de cinco días, con posibilidad de ampliación mediante el uso de vacaciones.
Jaramillo reiteró la necesidad de impulsar reformas complementarias que permitan armonizar la normativa aplicable a militares y policías con las disposiciones que rigen para los demás servidores públicos, garantizando un tratamiento equitativo en materia de licencias por calamidad doméstica.
La comisión continuará receptando criterios técnicos y jurídicos como parte del proceso de construcción y perfeccionamiento de la propuesta legislativa.
RSA
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