La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, recibió al asambleísta Diego Salas, proponente de la iniciativa, quien explicó que la propuesta busca convertir a las fronteras en espacios de desarrollo, empleo e integración, mediante la reducción de trámites innecesarios y el fortalecimiento de una mayor coordinación entre las instituciones vinculadas al comercio exterior.
Señaló que las demoras en los procesos incrementan los costos para productores, transportistas, exportadores y pequeños comerciantes, afectando la competitividad del Ecuador. El legislador indicó que la iniciativa prioriza a los operadores económicos confiables, fortalece la gestión de riesgos, impulsa la interoperabilidad entre las entidades de control, promueve la predeclaración electrónica y establece indicadores de desempeño para optimizar la gestión pública. Además, enfatizó que la reforma no crea nuevas entidades ni genera mayor gasto público, sino que mejora el uso de los recursos existentes para facilitar un comercio legal, seguro y eficiente, especialmente en las provincias fronterizas y portuarias.
En el marco del análisis de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo para la Facilitación del Comercio y la Gestión Integrada de Frontera, la mesa legislativa recibió también a Karen González, representante de la Asociación Logística del Ecuador, y a Francisco Mosquera, gerente de la Empresa de Servicios Logísticos COIMPEXA S.A., quienes expusieron la necesidad de modernizar la normativa para enfrentar la acumulación de mercancías en abandono.
González explicó que los costos logísticos representan, en promedio, el 17,9 % de las ventas de las empresas y que uno de los principales problemas es la permanencia de carga abandonada durante años en los terminales portuarios, lo que genera congestión, mayores costos y riesgos ambientales y sanitarios. En ese contexto, respaldó la propuesta de establecer un plazo máximo de seis meses para la disposición de carga seca y de un mes para mercancías perecibles, además de crear un comité especializado encargado de gestionar prioritariamente la carga abandonada por más de 15 años.
Por su parte, Mosquera señaló que la situación también afecta a los depósitos temporales aéreos, donde el crecimiento del comercio electrónico y de los envíos por courier ha provocado que, en algunos casos, hasta el 45 % de la capacidad de las bodegas permanezca ocupada por mercancías abandonadas. Respaldó la reducción de los plazos para definir el destino final de estos bienes y advirtió que la falta de personal para realizar peritajes y la prolongación de procesos judiciales retrasan la liberación de espacios, por lo que manifestó la disposición del sector a trabajar conjuntamente con las autoridades en la implementación de soluciones que fortalezcan la eficiencia del sistema aduanero.
MEV
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