La Comisión de Transparencia continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, con los aportes de Diego Cisneros, delegado de la Vicepresidenta de la República, y de la experta Cristina Núñez, quienes expusieron criterios técnicos para fortalecer la iniciativa legal.
Cisneros destacó la estrategia que impulsa el Gobierno Nacional a través del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Copruunna), organismo interinstitucional encargado de coordinar acciones para enfrentar esta problemática.
En ese contexto, señaló la importancia de armonizar el proyecto de ley con las políticas públicas que actualmente se ejecutan. Explicó que el fenómeno no se limita al reclutamiento, sino que comprende tres niveles de vinculación progresiva de niñas, niños y adolescentes con estructuras criminales: uso, utilización y reclutamiento.
Indicó que el primer nivel corresponde al uso, etapa en la que existe un acercamiento a organizaciones delictivas mediante actividades aparentemente lícitas, de forma directa o indirecta, permanente u ocasional. En esta fase, el menor mantiene sus vínculos con la familia y el sistema educativo.
El segundo es la utilización, caracterizada por la participación del menor como parte de un mecanismo de camuflaje para las operaciones ilícitas de las estructuras criminales. En esta etapa también conserva su relación con la familia, la escuela y la comunidad.
El tercero corresponde al reclutamiento, considerado la expresión más grave de esta forma de violencia, pues implica la incorporación total del menor a la organización criminal y la ruptura de sus vínculos familiares, educativos y comunitarios.
Cisneros sostuvo que estos tres conceptos deberían incorporarse al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el propósito de contar con un marco jurídico que facilite la implementación de políticas públicas de prevención acordes con la realidad.
Por su parte, Núñez centró su exposición en la gobernanza de la política integral sobre drogas y su relación con la prevención y erradicación del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes. Tras presentar cifras sobre el consumo, recomendó que la propuesta incorpore responsabilidades específicas para los gobiernos autónomos descentralizados y reconozca las adicciones como un problema de salud pública.
Además, planteó la necesidad de identificar los factores de riesgo asociados al fenómeno socioeconómico de las drogas, así como de fortalecer los factores de protección. En ese sentido, propuso que las acciones contempladas en la normativa abarquen los ámbitos de la salud, la educación, el empleo, la familia y la comunidad, la cultura, el deporte, la recreación, la comunicación, el desarrollo alternativo y el ambiente.
AM
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