La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana avanzó en el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, unificado a partir de cinco iniciativas legislativas, con la incorporación de criterios técnicos del especialista Francisco Freire Segarra, docente de la Pontificia Universidad Católica.
Previo a la ponencia, la presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, destacó que la propuesta normativa busca reforzar la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad frente a las redes de trata y al tráfico ilícito de migrantes, delitos que suelen aprovecharse de las condiciones de pobreza y exclusión social.
Subrayó además que la iniciativa apunta a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción, así como a combatir la impunidad en este tipo de delitos.
Francisco Freire en su intervención, analizó el texto desde la perspectiva de la técnica legislativa, la seguridad jurídica y la eficacia procesal, y observó la necesidad de incorporar mayores precisiones para evitar interpretaciones extensivas o excesivas remisiones reglamentarias.
El especialista formuló cinco observaciones principales al articulado. La primera se refiere a los artículos 1 y 2, relacionados con el concepto de “explotación laboral estructural”, respecto del cual recomendó incluir una definición expresa en la ley o remitir de manera específica al Código Orgánico Integral Penal.
Sobre el artículo 5, que incorpora la definición de esclavitud moderna, sostuvo que la norma penal debe ser autosuficiente y taxativa, por lo que planteó eliminar las remisiones genéricas y reemplazarlas por referencias concretas a instrumentos internacionales aplicables.
Asimismo, respecto de las modalidades de explotación previstas en el mismo artículo, sugirió evitar el uso de conceptos sociológicos ambiguos y de listas meramente enunciativas que puedan generar inseguridad jurídica.
En relación con la reforma a la Ley de Inquilinato, recomendó circunscribir la modificación al ámbito estrictamente laboral. De igual forma, en materia de prevención digital, planteó que las disposiciones se armonicen con la normativa vigente sobre protección de datos personales.
Freire Segarra concluyó que el proyecto constituye una iniciativa necesaria y viable para enfrentar estos delitos, aunque insistió en que su efectividad dependerá de la precisión técnica y jurídica del texto definitivo.
AM
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