La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió las comparecencias de Estefanía Chávez, representante de UNICEF, y Guillermo Lara, experto en justicia juvenil, quienes presentaron sus observaciones técnicas al Proyecto de Ley Reformatoria al Título III y IV del Libro IV, Responsabilidad del Adolescente Infractor del Código de la Niñez y Adolescencia.
Durante la sesión, Chávez señaló que toda reforma al sistema de justicia juvenil debe respetar el principio de excepcionalidad de la privación de libertad y priorizar medidas alternativas al proceso penal, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño.
En ese sentido, indicó que no existe evidencia suficiente que justifique ampliar el plazo para la audiencia de flagrancia en zonas de difícil acceso y recomendó fortalecer la especialización de los operadores de justicia y la coordinación interinstitucional.
Asimismo, expresó su preocupación por la ampliación del internamiento preventivo y de los plazos de investigación, al considerar que estas medidas se apartan de los estándares internacionales de protección de derechos. Reiteró que la prevención, la desjudicialización y la reintegración social constituyen las estrategias más eficaces para garantizar la protección integral de los adolescentes.
Por su parte, Lara presentó un análisis constitucional y de convencionalidad de la propuesta de reforma, e indicó que las modificaciones planteadas deben guardar armonía con la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales que promueven una justicia juvenil restaurativa, especializada y orientada a la reintegración social.
Explicó que la ampliación del internamiento preventivo, de los plazos de prescripción y de los tiempos de investigación previa podría entrar en tensión con principios como el interés superior del niño, la presunción de inocencia, la celeridad procesal y la excepcionalidad de la privación de libertad. Por ello, consideró que las reformas requieren un análisis técnico y constitucional riguroso.
Para concluir, propuso fortalecer el sistema de protección integral, endurecer la persecución penal contra los adultos que reclutan a niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas, reforzar las medidas socioeducativas y promover políticas de prevención y justicia restaurativa, en lugar de ampliar las medidas privativas de libertad para adolescentes.
MEV
