Por unanimidad de los asambleístas presentes (10), la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales remitirá el informe presentado por la delegación parlamentaria que visitó el distrito minero en el cantón Ponce Enríquez, de la provincia del Azuay, a los ministerios de Recursos Naturales no Renovables; de Ambiente; de Industrias; de Gobierno; Secretaría Nacional del Agua; y, al Alcalde de dicha jurisdicción, a fin de que adopten las resoluciones necesarias para solucionar el problema relativo a la afectación social que ha generado la suspensión de las actividades mineras y los parámetros de protección ambiental.
Así mismo, las autoridades deberán establecer el plazo en que adoptarán las recomendaciones del organismo legislativo o la adopción de medidas alternativas para remediar la problemática que afecta a cerca de ocho mil habitantes de la zona del distrito minero San Gerardo, del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
La presidenta de la Comisión, Rosana Alvarado, indicó que los comisionados harán una supervisión y seguimiento de las diligencias que realizarán las autoridades de cada ministerio competente, a fin de que se ejecuten los correctivos del caso y no queden en simples informes.
Recomendaciones
Como se recuerda, los asambleístas María Molina, vicepresidenta de la Comisión 6, Kléver Jiménez y Fernando Cáceres, realizaron una inspección en el distrito minero del cantón Ponce Enríquez, el pasado 14 de septiembre, luego de lo cual concluyeron que en el sector La López se ha iniciado una actividad minera en zonas restringidas, que afecta a las fuentes de agua para la comunidad y, además, vulnera un acuerdo previo entre el concesionario legal y la población, por lo que se sugiere la intervención inmediata de los ministerios competentes para prevenir y garantizar a los habitantes el derecho humano al agua.
Así mismo, señalan que la paralización de la actividad minera artesanal y la inexistencia de otras actividades productivas en el sector San Gerardo, tienen relación directa con la situación de precariedad económica de sus habitantes, lo que ha redundado en una alta conflictividad social.
Luego de conversatorios con los pobladores, se concluye que existe la voluntad de la comunidad Ponce Enríquez de cumplir con los parámetros de protección ambiental que la autoridad competente determine para la zona, por lo que se estima pertinente abrir el diálogo entre los sectores involucrados, con el propósito de abrir las minas en armonía con el entorno.
Conforme se discutió con la comunidad y las autoridades del sector, es fundamental que se establezca un parque industrial en el que se realicen las actividades de beneficio, mismo que se encuentre en un sector que no presente el riesgo para el ambiente y la comunidad, en la Huaquilla, por ser una zona baja, despoblada y amplia en la que se puede prevenir el daño ambiental.
Explicó que esto implica el traslado de los molinos y, consecuentemente, la eliminación de las piscinas para el tratamiento de las aguas en los referidos sectores.
La comunidad, además, ha mostrado interés y apertura a la capacitación, así como al soporte técnico y financiero para realizar una actividad minera responsable, social y elementalmente sustentable.
El informe determina que es necesario sistematizar las conclusiones y recomendaciones presentadas por el Ministerio de Ambiente a su similar de Minas y Petróleos, las cuales se sustentan en los análisis técnicos concretos de los casos, con el fin de que se ejecuten.
Igualmente, se determina la conveniencia de retomar la Ley de Minería, a fin de regular las relaciones laborales que se establecen entre los operadores mineros y los mineros artesanales. El objetivo es establecer estándares mínimos de beneficio mutuo.
En este contexto, los comisionados manifiestan que es importante viabilizar la regularización y formalización de los pequeños mineros, a más de determinar la obligación del Ministerio de Relaciones Laborales en la supervisión de dichos contratos entre concesionarios, operadores y mineros artesanales. Por tanto, sugieren que en el reglamento a la Ley Minera deberá indicarse el porcentaje que los concesionarios deben pagar al Estado por la concesión, ya que en la actualidad dicho monto es irrisorio, comparado con el beneficio obtenido por la extracción.
JLVN/eg
