Susana Cajas subrayó que ésta será la oportunidad propicia para compartir con delegados internacionales de Argentina o Chile, países en que existe una legislación similar, conocer las experiencias vividas en otras naciones y establecer una hoja de ruta a nivel regional y para el Ecuador, a través de una declaración conjunta.
Indicó que el Foro se desarrollará de 10 a 17 horas, en el marco del Décimo Octavo Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes, que se realiza en Quito.
Para la legisladora Susana Cajas, tanto la aprobación de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, cuanto el desarrollo del primer proceso judicial por crímenes de lesa humanidad en Ecuador, cuya audiencia de formulación de cargos se cumplió en octubre pasado, son muestra que hay una nueva institucionalidad y que se puede recuperar la confianza en los estamentos de justicia.
Resaltó que, a través de este caso, se esclarecerá la verdad de lo que constituyó una política de Estado de gobiernos pasados, orientada a la represión, como mecanismo de sostenibilidad del proyecto neoliberal.
De su lado, la subsecretaria general de pueblos y participación ciudadana de la secretaría general de gestión política, Patricia Sarzosa, destacó el apoyo que presta el gobierno a diferentes encuentros que se han organizado, en el marco de la celebración de los 65 años de la Declaración de los Derechos Humanos, uno de ellos, el relativo al Festival Mundial de Juventud y, dentro de este, el Foro Internacional sobre la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Es necesario, dijo, que a nivel continental se conozca que Ecuador está dando un giro muy importante hacia una política de atención y al beneficio social, dentro del cual consta la defensa de los derechos humanos y la exigibilidad de los mismos ante las autoridades públicas.
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