La Asamblea Nacional inició el análisis del proyecto de resolución presentado por la Comisión de Biodiversidad, a través de su vicepresidenta, María Molina, que busca que el Estado ecuatoriano se comprometa a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, garantizando de esta forma la conservación de su biodiversidad única y el respeto por los pueblos indígenas no contactados que lo habitan. Por ello, el Estado recibirá, a cambio, una compensación internacional equivalente, como mínimo, al 50% de las utilidades que recibiría en el caso de aprovechar esas reservas.
Entre los beneficios directos constan la no emisión de 407 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, creando una nueva modalidad de mitigación de gases invernadero y la no explotación de reservas de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad social y ambiental en países en desarrollo; la preservación de la enorme riqueza biológica del Parque Yasuní; el respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario; el apoyo a la transición de Ecuador de una economía extractiva, basada en la explotación del petróleo, a un modelo sustentable de desarrollo, con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto por la biodiversidad y equidad social.
La propuesta incluye no solamente la protección del campo ITT, con 200.000 hectáreas en el Parque Nacional Yasuní (el 23% de su superficie total), sino también el compromiso de controlar el resto del Parque, en el que efectivamente hay actividad petrolera que viene del pasado y, además, el resguardo efectivo de otras 39 áreas protegidas adicionales (con un total de 4,8 millones de hectáreas, el 19% de la superficie de Ecuador) que encierran la mayor diversidad biológica del mundo por unidad de superficie. Se incluye también la protección de los territorios indígenas no intervenidos, que alcanzan un 19% adicional del territorio nacional.
Además, el éxito de este proyecto permitirá que el gobierno ecuatoriano evalúe la posibilidad de cerrar algunas operaciones petroleras en el parque Nacional Yasuní y fuera de él, donde resulta más conveniente recibir compensaciones por el secuestro de carbono que extraer petróleo del subsuelo, por ello, es importante, dijo la asambleísta María Molina, que el Pleno de la Asamblea Nacional reconozca e impulse la iniciativa Yasuní ITT.
Entre tanto, Roque Sevilla, director de la iniciativa, indicó que la estrategia está encaminada a consolidar un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable, orientado a la conservación de los recursos naturales renovables y hacia una economía de servicios, lo cual se logrará con el apoyo solidario de la comunidad internacional, señaló, al sostener que la propuesta incluye a 27 países, que participarán con un aporte financiero, creando un fondo de capital que será administrado por un fideicomiso internacional, manejado por las Naciones Unidas, la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana y los donantes, que vigilarán el cumplimiento de los objetivos.
El capital del fondo se invertirá en proyectos de energía renovable en Ecuador, con rentabilidad fija y segura, aprovechando el enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico y solar del país, para superar la dependencia de combustibles fósiles, que cubren el 47% de la generación actual de energía, pues el prescindir de la emisión de 407 millones de toneladas del CO2 a la atmósfera evitará el calentamiento global, dijo.
Igualmente, los recursos irán a la conservación efectiva del 40% de áreas naturales continentales, que suman 4.8 millones de hectáreas, con la mayor diversidad biológica del mundo; el manejo adecuado de cinco millones de hectáreas de zonas naturales bajo propiedad de comunidades indígenas y afroecuatorianas. El área total protegida alcanza el 38% del territorio ecuatoriano. La conservación adecuada del Parque Nacional Yasuní permitirá que los pueblos Tagaeri y Taromenane continúen en aislamiento voluntario, aseguró.
Así mismo, continuó, los recursos serán invertidos en la reforestación, forestación, regeneración natural y el manejo apropiado de un millón de hectáreas de bosques manejados por pequeños propietarios, en suelos que están actualmente amenazados por la degradación y una reducción sustancial de la tasa de deforestación, considerada una de las mayores en Sudamérica.
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