“Estamos convencidos que las reformas implican cambios trascendentales en el manejo de la justicia penal y procesal penal del país”, manifestó el asambleísta Vicente Taino, al señalar que la propuesta tipifica y sanciona las llamadas “cachinerías”, pues sanciona con reclusión menor extraordinaria de tres a seis años y multa de 16 dólares a quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o en parte de cosas robadas o hurtadas para aprovecharse de ellas.Añadió que también se considera como un agravante en el delito de homicidio el hecho de que la víctima sea un miembro de la fuerza pública en servicio activo, porque los índices delincuenciales establecen que hay una gran cantidad de policías asesinados en las calles.
Con relación al monto para la tipificación del hurto como delito, actualmente establecido en tres salarios mínimos la Comisión de mutuo acuerdo decidió reducir a medio salario básico unificado, es decir, 120 dólares.
La persona sentenciada por hurto si vuelve a delinquir sería reincidente y por consiguiente ya no sería sancionado como contraventor sino que pasa a ser sancionado con una pena de hasta tres años por delito de hurto, conforme está establecido en el artículo 548 del Código Penal, explicó.
En cuanto a las reformas al Código de Procedimiento Penal, dijo que se ha determinado que la estafa, el hurto, la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica y las lesiones de menos de 30 días serán delitos de acción pública, propuesta que recoge el clamor de la ciudadanía.
Explicó que el Fiscal establecerá, dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, la revisión del registro de detención de los imputados, es decir, tiene la obligación de informarle al juez de garantía penales las detenciones que ha tenido la persona que es procesada.
Adicionalmente, se obliga a la Policía Judicial incluir en el parte el número de detenciones que registra el acusado, pues existe un caso con 76 detenciones.
En cuando a las medidas cautelares, dijo que se mantiene la prisión preventiva para los delitos de acción pública que serán sancionados con una pena inferior a un año, cuando el procesado no asista a las audiencias de juzgamiento.
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