La Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua se encuentra en plena vigencia, una vez que fue promulgada en el Registro Oficial. Con ello se garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos.
También prohíbe toda forma de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconoce ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera sea su estado y se dispone la redistribución de manera equitativa, con lo que se combate de manera efectiva el acaparamiento en pocas manos.
La ley dota al país de herramientas para preservar, conservar y restaurar los recursos hídricos, así como su gestión integral y la recuperación en las distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el Sumak Kawsay, el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza.
Previo a su aprobación, la Asamblea Nacional realizó un amplio proceso de consulta prelegislativa, para asegurar el respeto a los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, durante la consulta, recibió las propuestas de 1627 organizaciones titulares de derechos colectivos que participaron en las tres etapas.
En una primera fase intervinieron 1494 organizaciones de primer grado; en las audiencias públicas realizadas en las diversas provincias del país, participaron 115 organizaciones de segundo grado; mientras que a la mesa de diálogo nacional, acudieron a la sede legislativa alrededor de 700 personas de 18 organizaciones nacionales.
Allí, asambleístas, actores y organizaciones sociales coincidieron en la necesidad de prohibir toda forma de privatización del agua, sancionar al uso ilegal del agua, así como en redistribuir, combatir el acaparamiento; prevenir y sancionar la contaminación del agua y restaurar la naturaleza.
En el proceso de participación ciudadana, se desarrollaron 22 audiencias públicas y tres comisiones generales a nivel provincial, donde se presentaron los planteamientos y propuestas de más de seis mil delegados de las organizaciones sociales.
PV
