Asambleístas de Cañar, Azuay y Pichincha hicieron un llamado a la unidad del país y a superar los problemas de límites internos que existen entre varias provincias y cantones. El pronunciamiento se realizó después de que en días pasados, el Prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, anunciara que se delinea una estrategia para la defensa del territorio de la provincia.
Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dijo que no debe caber la menor duda que todos los asambleístas defenderán a su provincia, pero que ésta debe hacerse con sentido nacional. “Reconocemos que hay problemas limítrofes, pero este mensaje no puede ser utilizado desde un discurso incendiario llamando a la defensa territorial cuando existe, primero, una Constitución que habla de un país unitario y hermanado y, segundo, una ley aprobada hace más de un año que establece con claridad diferentes mecanismos para solucionar diferencias territoriales”, dijo.
La legisladora azuaya señaló que la Ley para la Fijación de Límites Territoriales, vigente desde 2013, establece mecanismos como el diálogo, la mediación, el arbitraje e incluso la Consulta Popular para resolver problemas limítrofes. En ese marco, expresó: “Nos oponemos a reformar esa ley, no encontramos sentido en la reforma cuando de por medio pueden haber diferentes tipos de intereses. Una ley como esta tiene que ser cumplida, los mecanismos se señalaron allí y a tiempo”.
Esta posición es compartida por el asambleísta por el Cañar, Raúl Abad, para quien la ley, que establece un plazo de dos años para solucionar conflictos territoriales, es totalmente válida, pues determina con claridad todos los pasos a seguir. “Todavía tienen hasta abril de 2015” señaló, tras indicar que no se permitirá la modificación de esta ley. “Problemas existen, por ejemplo Cañar con Chimborazo y Azuay, pero buscaremos mecanismos con las autoridades competentes para entrar al diálogo y el trámite pertinente que establece la ley”, agregó.
Por su parte, Virgilio Hernández, representante por Pichincha y expresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que tramitó la ley para la fijación de límites, calificó de anacrónico que en pleno siglo XXI todavía se habla de conflictos limítrofes internos. Coincidió con Rosana Alvarado y Raúl Abad en que la ley debe ser aplicada, en tanto, establece mecanismos amistosos e institucionales para resolver esta problemática.
El legislador hizo un llamado a los alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales para solucionar estos conflictos sin eludir responsabilidades. “Hay que decirles a estas autoridades que mientras más se busca dilatar la resolución de estos problemas, los únicos que sufren las consecuencias son los ciudadanos que se ven afectados por la falta de definición precisa de límites internos”, sentenció.
