Luego que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social escuchó los criterios de Luis Montero, trabajador de la empresa “TIOSA SA”, razón social de la fábrica Supán, quien denunció una supuesta violación a sus derechos, el organismo resolvió solicitar al Ministerio de Relaciones Laborales realice una inspección, de manera inmediata, en las instalaciones de dicha empresa en la ciudad de Guayaquil, a fin de constatar y verificar in situ cómo se encuentra la documentación y la situación de sus trabajadores.
La moción, formulada por la asambleísta Betty Carrillo, que fue aprobada con nueve votos, incluye, también, solicitar que el Servicio de Rentas Internas determine la frecuencia de la emisión de facturas entre los trabajadores denunciantes y la empresa Supán, información que deberá ser analizada por el Ministerio de Relaciones Laborales para que establezca si existió precarización en el trabajo.
Asimismo, pedirá al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, envíe información a la Comisión sobre el estado actual de la causa relacionada con los hechos denunciados por los trabajadores de la empresa Supán y que presente un estado real de la situación de los trabajadores, en cuanto a seguridad social.
Posteriormente, la documentación será analizada por la subcomisión conformada por los asambleístas que representan la provincia del Guayas: Ángel Rivero, Cristina Reyes y Byron Valle, quienes deberán emitir un informe.
Argumentos
Luis Montero, trabajador de la empresa Supán, argumentó que labora desde el año 2006, bajo la modalidad de contrato mercantil y, pese a que desde el 2008 está vigente el Mandato Constitucional 8, que prohíbe toda forma de tercerización y de inmediación laboral, la empresa no lo puso en práctica, por lo que no gozan de los derechos de la seguridad social, ni de los beneficios que por ley les corresponde.
Agregó que, por reclamar sus derechos, el 14 de septiembre del año 2013, fue despedido un grupo de 32 trabajadores, sin reconocerles ningún derecho.
Explicó que en el desempeño de su trabajo les daban, en la mañana, -mediante una guía de remisión- la figura de transportista, en la que hacían la función de vendedores por 12 y 14 horas; y, en la tarde, les entregaban una factura en la que constaban con el título de clientes.
Indicó que uno de los requisitos para ingresar a la empresa era que el contador de la empresa les lleve su contabilidad, exigiéndoles que saquen su propio Registro Único de Contribuyentes RUC.
Aseveró que estos reclamos están presentados en el Seguro Social, entidad que ha presentando informe favorable, en primera instancia, en la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del Guayas. A su vez, expresó su preocupación porque la empresa, hace mes y medio, fue vendida la empresa mexicana Bimbo, sin que se puedan solucionar sus problemas.
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