Al recibir a varias organizaciones sociales, como la Fenacle, Confenaus, Juntas Administradoras de Agua, que acudieron a la Sede Legislativa para respaldar la aprobación del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, la asambleísta Irina Cabezas, presidenta (e) de la Asamblea Nacional, destacó que la construcción de las normas jurídicas se hace con la participación activa de la ciudadanía.
Luego de formular un saludo a nombre del titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, quien cumple actividades de trascendencia para el fortalecimiento de Latinoamérica, en el exterior, Irina Cabezas precisó que la Asamblea mantendrá, en todo momento, su conducta de puertas abiertas y de diálogo permanente, a pesar que ciertos grupos quieran romperlo.
El diálogo con la gente siempre estará presente en la construcción del nuevo Estado, enfatizó, al recordar que la Constitución prohíbe la privatización del recurso hídrico, por lo que dicho concepto se establecerá con claridad en la pertinente Ley.
Defendió el trabajo y la apertura de la Comisión de Soberanía Alimentaria, al subrayar que es clave poner en marcha la desconcentración y real desprivatización del agua a favor de todos y no de ciertos intereses, desterrando cualquier síntoma de acaparamiento.
Se mostró partidaria de que el Consejo de Agua no sea solo consultivo sino participativo, en donde se planifiquen las políticas públicas con la ciudadanía; el líquido debe mantenerse y cuidarse como el tesoro más grande que tenemos, acorde a la Carta Política y en defensa de los 14 millones de ecuatorianos.
Avances significativos
La Ley de Aguas es importantísima para el país, que permitirá operativizar la nueva Constitución, especialmente la transitoria vigésimo séptima atinente a la redistribución del líquido, declaró Pedro de la Cruz.
La desprivatización es un hecho concreto, dijo, al reiterar que la Autoridad Única del Agua no es una persona sino un sistema nacional de manejo de recursos hídricos, por lo que el Consejo, más allá que el Ejecutivo designe al secretario, debe responder a una conformación intercultural y plurinacional, que planifique y que controle las políticas.
Hay que defender las fuentes de agua y de recarga hídrica, con conciencia clara de los usuarios. La situación de Interagua, que es una empresa privada multinacional, requiere de una decisión firme, tomando en cuenta que la Constitución determina que la gestión del agua es pública y comunitaria, comentó Pedro de la Cruz.
Acción transparente
De su lado, la asambleísta Lídice Larrea, vocal de la Comisión 7, afirmó que se ha trabajado de manera transparente para favorecer a todos, no a un grupo o gobierno.
La Ley afianza la norma constitucional que prohíbe la privatización o acaparamiento del recurso, como parte de los ejes de la revolución ciudadana, expresó.
MG
