Representantes de diversas organizaciones, gremios y asociaciones campesinas y agrícolas dieron sus observaciones respecto de esta normativa, donde los temas centrales se relacionaron con la legalización de tierras rurales, la limitación de espacios para latifundios, el otorgamiento de créditos con bajas tasas de interés, a fin de apoyar a los sectores campesinos de escasos recursos económicos que se dedican a la agricultura.
La Constitución manda tener el fondo de tierras, prohíbe el latifundio, obliga a que todo predio rural cumpla la función social y ambiental, por ello, en la Ley de Tierras se desarrollan estos aspectos fundamentales.
En el país todavía hay muchas zonas rurales que no producen, a pesar que tienen todas las condiciones para hacerlo, por ello el cuerpo legal determina cómo, en qué circunstancias, con qué mecanismos se debe afectar, sobre todo, aquellos predios rurales que incluso tienen sistemas de agua de riego y no son ocupados para el desarrollo agrícola.
A través de la ley tiene que normarse cómo proteger a los agricultores familiares, que son los que sostienen la producción y la alimentación de la población.
La normativa se construye con la ciudadanía y ese es el objetivo de acudir a territorio y recibir los aportes de los sectores sociales.
