En el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, asambleístas de las diferentes tiendas políticas coincidieron en la necesidad de que el país cuente con una nueva norma que regule y proteja las prestaciones de servicios de telecomunicación. También se expusieron criterios en torno a la permanencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la participación del mercado, contratos de concesión y a la inseguridad jurídica.
En la primera parte de este debate, Cristian Viteri indicó que con la ley se busca el acceso a las tecnologías de información y comunicación, en la que se establece un régimen completo de protección y defensa del usuario; se promueve condiciones de mercado adecuadas para la prestación de servicios, tanto para la oferta como para la cobertura de servicios y sobre todo regulando tarifas a favor del usuario con beneficios como la portabilidad numérica y la acumulación de saldos, que no solo sea para los sistemas de telecomunicación pre pago, sino también pos pago.
Henry Cucalón enfatizó que no cabe duda que se requiere una Ley de Telecomunicaciones que disponga nuevas regulaciones que permita al país contar con herramientas legales acordes a las exigencias del sector, pero que, a su criterio, el debate se lo ha desviado, porque la ley debe ser eminentemente técnica y no para alimentar las arcas fiscales.
Galo Borja habló del servicio de carrier, que es un operador que recibe y envía tráfico internacional y a su vez está conectado a los operadores locales e internacionales, es una especie de interfaz, y también hace las funciones de bróker de tráfico.
Sostuvo que el sistema carrier puede ser público o privado y que presentará una propuesta para que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones implemente en un tiempo determinado este sistema de control para el bien de los ecuatorianos.
Ramiro Aguilar se refirió a la supresión de la Superintendencia de la Telecomunicaciones y la Creación de la Agencia de Telecomunicaciones. Dijo que no hay ningún argumento jurídico que sustente la privación de las competencias de ninguna institución para el control de los servicios públicos.
Dijo que Ley de Telecomunicaciones debe mejorar el control y mantener a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Fernando Bustamante, se refirió específicamente al Art. 54, sobre la participación del mercado, del que expresó que no se trata de un pago por participación, sino de un pago por dominación de mercado. También hizo referencia a monopolios y la concentración de la propiedad de los grandes mercados de las operaciones de telefonía celular. La operación del mercado lleva en muchos casos a la concentración del capital señaló, al advertir que la Ley de Telecomunicaciones no constituye una medida fiscal o un mecanismo de recolectar un impuesto.
Luis Tapia manifestó que la comisión no ha considerado aspectos que no resultan cotidianos y de fácil comprensión, por lo que es fundamental nutrirse de criterios, para que después no puedan ser mal utilizados. Enfatizó que el Estado no tiene derechos, sino obligaciones prerrogativas, funciones, facultades, esto en relación al artículo 6 del proyecto que otorga al Estado el derecho de controlar a los sectores estratégicos.
Fabián Solano resaltó la necesaria y fundamental aprobación de una nueva normativa que garantice el mejoramiento en la prestación del servicio, amplíe la cobertura y la competencia. Sugirió una inmediata revisión de los contratos con operadoras, a fin de rebajar costos de telefonía y lograr mejor calidad.
René Yandún sostuvo que hace falta conocer aspectos fundamentales que requiere la intervención del gobierno para que tome las decisiones pertinentes. Manifestó que la Superintendencia de Telecomunicaciones no puede desaparecer, puesto que es un organismo técnico, mientras que Carlos Velasco habló sobre la distribución de los ingresos; no se trata de generar acciones de más impuestos, afirmó.
Luis Fernando Torres, al advertir que la ley violentaría aspectos del acuerdo de Ecuador con la Unión Europea hizo dos observaciones, la primera sobre la inconstitucionalidad de la ley y los peligros en cuanto a la viabilización instrumentación del Acuerdo con la UE y la otra de cómo se modificaría un contrato de concesión celebrado entre el Estado ecuatoriano y la empresa de telefonía celular.
Sostuvo que si no se mide el impacto del artículo 34 sobre el contrato de concesión, seguramente se entregará una serie de municiones jurídicas a la multinacional que colocará al Estado ecuatoriano a nivel judicial o arbitral contra la espada y la pared.
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