La Defensoría del Pueblo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas, con un enfoque de género, generacional e intercultural.
En el Ecuador existen 14’483.499 habitantes, de ellos. 940.950 son mayores de 65 años, es decir, el 6,50% de la población nacional. Se estima que pasarán a ser el 17% de la población en el 2050 y el 26% en el 2075. Las provincias de Pichincha y Guayas son las que tienen mayor población adulta mayor, superando los 90.000 habitantes; y, apenas el 3,50% en las regiones Amazónica e Insular.
El proyecto contiene 104 artículos, dos disposiciones derogatorias y una final, a través del cual se establecen los mecanismos para impulsar el cumplimiento de asistencia, protección y restitución de los derechos de las personas adultas mayores garantizando el derecho a la igualdad y no discriminación.
Por tanto, se determinan políticas planes y programas por parte del Estado, la sociedad y la familia que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, es decir se promueve la corresponsabilidad entre estas tres instancias.
La normativa propone que la autoridad nacional de inclusión económica y social sea la responsable de llevar el Registro Nacional de Personas Adultas Mayores, detallándose como mínimo su ubicación, identificación étnica, estado de salud, situación laboral, existencia de discapacidad o condición discapacitante, situación de movilidad, condición y tipo de vivienda, condiciones de su entorno familiar, entre otros.
El Estado reconoce y garantiza a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, su aplicación directa de oficio o a petición de parte por las y los servidores públicos, administrativos o judiciales, así como de las personas naturales y jurídicas privadas.
El proyecto determina medidas de acción afirmativa, el derecho a la vida y la vida digna, el derecho a la libertad personal, a la cultura, deporte y recreación, a la vivienda, pensión alimentaria, a la seguridad y a la vida libre de violencia, a la movilidad humana, entre otros.
Se establece la formulación, transversalización, implementación, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas en beneficio de este sector social. También se refiere a las infracciones, procedimientos y sanciones.
Asambleísta reelecto por la Provincia de Morona Santiago, por el proyecto de la Revolución Ciudadana."Abogado con postgrado en Derecho Penal, Doctor en Jurisprudencia, Dirigente Estudiantil, Dirigente Universitario, Dirigente Gremial, hombre de teoría revolucionaria".
