En el marco de la aprobación del informe para segundo debate de la Ley General de Educación, el presidente de la comisión especializada, César Rodríguez, manifestó que en la media que la ley responda a las demandas y a los intereses de todos los sectores de la educación, tendrán que asumir la responsabilidad de apoyarla, porque ésta no es una ley del ministerio ni del magisterio, es la ley que necesita el Ecuador para cambiar de rumbo.Al precisar que los dirigentes de la UNE han tenido voz en la construcción de la ley, quienes han participado en todo el proceso de discusión, recordó que la Ley de Escalafón del Magisterio se incluye y se procesa en la Ley de Educación General, con lo cual se dignifican los ingresos del profesor de acuerdo a su preparación y responsabilidad, cifras que se afinan entre los Ministerios de Educación y de Finanzas.
Dijo que de esta misma manera dignificarán las jubilaciones del maestro y esto se conseguirá una vez que el Estado asuma la responsabilidad de que a partir de aprobada la ley ningún maestro aportará al Seguro Social sobre su salario nominal, sino sobre el monto total de su remuneración, lo que les permitirá obtener una jubilación digna, porque la pensión que recibirán será el proporcional de toda la masa salarial y no de una fracción.
Al destacar que el sistema intercultural bilingüe está incluido en la Ley General de Educación con la participación de las organizaciones indígenas y del Ministerio de Educación, indicó que hoy se necesita un sistema que sea capaz de actualizarse, evaluarse, de dar respuestas a las actuales y futuras generaciones en una sociedad globalizada y del conocimiento en que el maestro no puede quedarse a la zaga.
Un tema importante indicó es que los jóvenes estudiantes con el carné estudiantil acceden a los beneficios que son elementales para los estudiantes, más allá de la tarifa estudiantil que va a ser para el año calendario y no sólo para el año lectivo, se aplicará en otros niveles: arte, cultura, acceso a los libros, tecnología para la educación en la comunicación, lo que significará un enorme salto en lo que ha significado valorar el incentivo a los estudiantes.
Por su lado María José Carrión, representante del Ministerio de Educación, al referirse a lo que establece la ley en cuanto a la suspensión de las actividades educativas, recordó que la Constitución prohíbe la paralización de los servicios básicos, entre ellos la educación.
Por último, aclaró que la Ley General de Educación recoge esta prohibición, a fin de garantizar un derecho constitucional básico, como es el derecho a la educación.
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